Ante la negativa de los municipios de adherir a la ley 1075, se resolvió desde AREF presentar una declaración de certeza ante el Superior Tribunal de Justicia, buscando que la justicia resuelva la competencia en el cobro del tributo.
AREF presentó a fines de 2016 una declaración de certeza ante el Superior Tribunal de Justicia.
Los municipios entendieron que la pretensión de AREF era un avasallamiento de las competencias municipales.
Los Concejos Deliberantes observaron con preocupación el perjuicio que la medida ocasionaría a las arcas municipales y defendieron las autonomías conferidas por las Cartas Orgánicas.
Finalmente, luego de un año, el Superior Tribunal de Justicia dictó la sentencia sobre la potestad tributaria en materia del impuesto inmobiliario.
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