La cuarentena obligatoria encendió todas las alarmas en el mercado de alquileres. Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires indicaron a este diario que atienden cuatro reclamos: los intereses punitorios que pedirán los propietarios a las familias a las que se les termina el contrato y no podrán mudarse; los pedidos de desalojo en las pensiones donde viven 100 mil personas, que se desempeñan sobre todo en el mercado informal o el cuentapropismo; los comercios que no podrán afrontar el pago dado que se encuentran cerrados y sin ingresos y, la falta de formalidad en el pago de los alquileres, en un escenario donde la Organización Mundial de la Salud desincentiva el uso de efectivo. La Cámara Inmobiliaria mantiene conversaciones con el Ministerio de Desarrollo Productivo para encontrar soluciones. España, Francia y Estados Unidos dispusieron medidas especiales como la suspensión de desalojos o el freno al pago de alquileres.
“Desde lo legal, cuando se termina un contrato, el inquilino se tiene que ir. Pero estamos en una situación de emergencia que tiene que estar por encima del Código Civil”
Se pueden llegar a realizar extensiones en los contratos, o incluso contratos nuevos. Todo indicaría que nos vamos a tener que poner de acuerdo entre las partes”. “Habrá casos en los que podrá haber una determinada aceptación a no pagar el alquiler durante un período si el inquilino se desarrolla en determinada actividad, como pueden ser los monotributistas. El propietario tiene que tener sentido común. Pero hay que evitar los aprovechamientos de los dos lados. Si el inquilino puede pagar, que no se escude en esto para no hacerlo, porque también hay propietarios que dependen de esos ingresos”, dijo a este diario Jose Rozados, presidente de la consultora Reporte Inmobiliario.
Leave a Reply